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“El trabajador merece su sustento...”
La necesidad de un salario mínimo obligatorio

Muy Rvdo. P. Casimir Puskorius, CMRI


En los círculos económicos se discute apasionadamente si debe haber un salario mínimo obligatorio o no. La pruebas económicas más recientes y el giro de los acontecimientos políticos parecen indicar que sí. Los principios éticos sobre este punto, sin embargo, son muy claros: todo trabajador tiene derecho a un salario con el cual pueda ganarse la vida, y se viola la justicia social si ese salario no se paga. Al combinar los argumentos éticos y económicos se crean argumentos muy sólidos a favor del salario mínimo obligatorio.


El problema

Uno de los debates más apasionados en los círculos económicos es el del salario mínimo obligatorio. Sus críticos inevitablemente señalan las leyes de la oferta y la demanda y afirman que tan pronto como se aumente el precio del trabajo por encima del equilibrio, se obtiene una escasez de labor contratable, lo cual daña a la economía en general al incrementar el desempleo, e individualmente a los obreros al privarlos de trabajos. Arguyen que un trabajo mal pagado es mejor que no tener ninguno, y que, frecuentemente, un trabajo de calidad inferior es un peldaño en el camino a uno mejor pagado en el futuro.

Por otro lado, los que abogan por el sueldo mínimo obligatorio señalan su aspecto humanitario: sin un mínimo en la paga, muchos obreros no serían capaces de adquirir las cosas de primera necesidad con la miseria que recibirían. Los defensores del salario mínimo creen que cuanto mejor estén pagados los trabajadores, tanto mejor estará la economía en general. Ellos, por supuesto, están conscientes de que como hay solo una cantidad limitada de bienes y servicios disponibles en cualquier economía, se necesita algo de redistribución de las riquezas para financiar el salario mínimo.

La enseñanza católica sobre el salario de subsistencia

Las enseñanzas de la Iglesia católica romana son muy claras en lo referente a la necesidad de un salario de subsistencia para el trabajador. Hace más de un siglo, el papa León XIII (1891) dijo en su trascendental carta encíclica Sobre la condición del obrero:

Aceptando, entonces, que el obrero y el patrono realicen convenios libres y, en particular, acepten la cantidad del salario; no obstante, existe un dictado de la naturaleza más imperioso y más antiguo que cualquier trato entre hombres, a saber, que la remuneración debe ser suficiente para sustentar al obrero en una comodidad razonable y frugal. Si por necesidad o por miedo de un mal mayor, el trabajador acepta pactos más difíciles e incondicionales del patrono o el empresario, el mismo es víctima de coerción e injusticia (p. 21-22).

En el cuadragésimo aniversario de la declaración de León XIII, la carta encíclica del papa Pío XI sobre La restauración del orden social (1931) dice de manera similar:

El salario pagado a un obrero debe ser suficiente para su propio sustento y para el de su familia. [...] las madres han de dedicarse, sobre todo, al hogar y a las cosas relacionadas con el mismo; pero es intolerable abuso que las madres de familia, por la insuficiencia del salario del padre, sean forzadas a ocuparse en labores remuneradas a expensas de los quehaceres domésticos y propios, en particular la educación de sus hijos. A esto debemos oponernos con todas nuestras fuerzas. Debe hacerse todo lo posible para que los padres de familias reciban un salario que satisfaga las ordinarias necesidades domésticas. Si las condiciones presentes de la sociedad no siempre posibilitan esto, la justicia social exige que se introduzcan cuanto antes reformas que garanticen a todo trabajador adulto tal salario (pp. 144-145).

Entonces, es cuestión de sentido moral, y de justicia en específico, que el trabajador reciba un salario vital. León XIII continúa explicando: “La preservación de la vida es deber de todos y cada uno, y no cumplir con él es un crimen. Se sigue que cada uno tiene derecho a procurarse los medios para vivir; y los pobres no pueden procurarlos más que con trabajo y salario” (p. 21).

En otras palabras, puesto que las personas tienen derecho a la vida, tienen asimismo el derecho a esas necesidades que posibilitan la vida; y esto lo logra un salario vital, el salario inadecuado no. Aun cuando las enseñanzas de los papas se concentran en el salario de subsistencia que necesita el padre de familia como sostén de ella, puede verse sin mucha dificultad que los mismos principios valen tanto para los padres solteros que sustentan una familia como para los solteros: todos necesitan un salario de subsistencia para ganarse la vida y para mantener a cualquier dependiente.

Pío XI señaló que para que un pago sea justo, no debe calcularse partiendo de una sola base, sino de varias, entre ellas los aspectos individuales y sociales del trabajo (p. 144). Según esta enseñanza papal, el patrono que remunera al obrero basándose estrictamente en el rendimiento económico viola la justicia, al menos en los casos en que al trabajador se le paga menos del sueldo vital. Debe recordarse — indicó el papa — que el rendimiento del trabajador es reflexión de la personalidad (aspecto individual) y también es el medio de vida o el sustento (aspecto social). Estas consideraciones son necesarias para determinar la paga.

Habrá acatólicos que no vean valor alguno en estas enseñanzas papales; empero, debe hacerse hincapié en que León XIII y Pío XI no enuncian aquí conceptos excepcionalmente católicos; más bien, expresan la ley natural, y ella es válida para todas las gentes de todos los tiempos. Ellos insisten en la dignidad del individuo y llaman a todos los empresarios a que traten a sus empleados con la justicia, imparcialidad y compasión que merecen. Los papas sostienen que es una violación de la dignidad de los obreros verlos solo desde el punto de vista económico, por ejemplo, como la capacidad productiva de una máquina. ¡Es intolerable que los trabajadores humanos, los cuales tienen valor inherente como seres racionales y una felicidad eterna a ganar, sean considerados como mera inversión al igual que la máquina!

Los criterios para calcular el salario vital

Los criterios para el salario de subsistencia varían considerablemente de país a país y dependen de la calidad de vida imperante. En los Estados Unidos de Norteamérica, eso significa que la familia vive en comodidad moderada, con alimento, vestimenta, albergue y asistencia médica suficientes, así como algo de ahorro y algunas posibilidades de seguro. Una forma reconocida de definir el salario de subsistencia es determinando lo necesario para mantener un hogar por encima del umbral de la indigencia. Según el índice de pobreza del gobierno norteamericano, las familias de tres o más personas gastan aproximadamente un tercio de su ingreso en comida; por consiguiente, su nivel de pobreza sería dicho plan económico de alimentos multiplicado por tres (Levitan, p. 1). Prescindiendo de las fallas de esta medida particular de la pobreza — por ejemplo, hoy los gastos en alimento tienden a ser solo un sexto del presupuesto (ibid., p. 2) — este “patrón” oficial sigue siendo útil para determinar lo que el trabajador típico necesita para sustentarse. Una vez determinado y hecho obligatorio el salario mínimo, la declaración de impuestos y el crédito por ingreso del trabajo ayudarían a ajustar el ingreso necesario de los hogares individuales.

El salario mínimo relacionado con la economía

Tanto León XIII como Pío XI señalaron que el bienestar general de un país depende de una mano de obra bien pagada. Si bien algunos economistas podrán no estar de acuerdo con este punto de vista, es razonable creer que cuantos menos pobres haya, mejor estará el país en general. Estos dos papas no pidieron específicamente un salario mínimo impuesto por el gobierno, sino que simplemente declararon que serían necesarios cambios en la estructura social para asegurar el salario de subsistencia a los trabajadores. Si todos los patronos pagaran un sueldo que superara el valor del trabajo del obrero, no se necesitarían medidas sociales o legislaciones civiles. En efecto, esto sería una situación ideal. Sin embargo, siendo como es la naturaleza humana, muchos patronos pagarán la menor cantidad salarial posible. A causa de la triste historia de las fábricas explotadoras de obreros, que aún hoy persisten en muchos países subdesarrollados, los gobiernos deben tomar medidas para imponer el salario mínimo cuando no existen gremios lo suficientemente fuertes para forzar a los patronos a pagar un salario vital.

Aunque los Estados Unidos no carece de un salario mínimo obligatorio, sucede otro tipo de injusticia: el rebajamiento drástico del personal asalariado de empresas al mismo tiempo que los sueldos de ejecutivos suben vertiginosamente. En este último caso, así como en el anterior (la negativa a pagar el salario vital), se viola la justicia social, esto es, aquella justicia que se “refiere a la organización de la sociedad de tal manera que el bien común, al cual se espera que todos contribuyan en proporción a su capacidad y oportunidad, esté disponible a todos los miembros para su uso y disfrute” (Fagothey, p. 179).

Históricamente, Estados Unidos tomó el imperativo moral de legislar un salario mínimo en 1938 con la promulgación de la ley de Normas razonables de Trabajo. Inicialmente, establecía un salario mínimo nacional de 25 centavos por hora, pero fue aumentado periódicamente por el Congreso para compensar los efectos de la inflación. Aquí no se discute si aquello fue un salario vital o no. El principio, sin embargo, es que el gobierno norteamericano hizo lo que debió de haber hecho, es decir, garantizar un mínimo en la paga para beneficio del trabajador.

Argumentos contra el salario mínimo obligatorio

Los opositores del salario mínimo lo ven como un desastre. Osterfeld (1989) cree que el salario mínimo debería abolirse por completo, esto por la sencilla razón de que aun cuando se puede forzar el salario mínimo, la productividad no. Por lo tanto, en lugar de que se beneficien los pobres, más de ellos son puestos a trabajar, y los únicos beneficiarios son los asalariados de ingresos medios y los funcionarios políticos que sacan tajada de la oportunidad. “Las leyes del salario mínimo son un cruel engaño para los pobres. Causan desempleo directamente, y la inflación indirectamente. Tanto el uno como el otro causan el mayor daño a los pobres” (ibid., p. 11).

Diegmueller (p. 22) informó que en 1989 la administración de Bush creyó que un aumento al salario mínimo a $4.65 por hora para los trabajadores norteamericanos causaría la pérdida de 650 000 trabajos. A la inversa, muchos miembros del Congreso que apoyaron el incremento creyeron que se perderían menos de 100 000 trabajos. La Cámara de comercio estadounidense unió sus fuerzas con la administración de Bush para oponerse al salario mínimo (ibid., p.23), estimando que la repercusión del incremento al salario mínimo causaría una pérdida de $48 mil millones de dólares al año a las empresas norteamericanas. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el mínimo, mayor será el sueldo que podrán exigir los obreros que ya están por encima del nivel básico. Diegmueller también dio a conocer los grupos que favorecían el aumento del salario mínimo: la AFL-CIO, los grupos femeninos, los defensores de los discapacitados, y el National Council of Black Mayors. Incluso “una parte sustancial de la comunidad empresarial está accediendo un aumento moderado,” indicó (ibid.).

Hogan y Dall (1996) especularon que el aumento del salario mínimo en 1996 afectaría negativamente a aquellos mercados en donde la demanda de mano de obra es elástica, o sujeta a fluctuaciones, tales como en restaurantes de comida rápida, mas no a aquellos cuya demanda no es elástica, como en las estaciones de gasolina (p. 50). Aparte, creyeron que el aumento del salario mínimo pasaría precios relativamente mayores a todos e invalidaría el beneficio de los salarios aumentados, especialmente en el caso de los pobres (p. 49). Sin embargo, para ser justo a ambos argumentos, Hogan y Dall declaran que hay ganadores y perdedores cuando se incrementa el salario mínimo. La dificultad, dicen ellos, yace en determinar los beneficios y gastos exactos que resonarán por toda la economía.

La revista The Economist (1996) dijo que 100 economistas norteamericanos, quizá influenciados o impresionados por algunos estudios empíricos recientes que no mostraban un daño significativo al empleo cuando se incrementaron los salarios, se pronunciaron a favor de un aumento en el salario mínimo. Sin embargo, poco después se suscitaron dudas acerca de la validez de dichos estudios, los cuales sugerían fallas notables en la hipótesis. Desde el punto de vista de The Economist, los estudios no lograron inclinar la balanza a favor o en contra del argumento económico sobre el salario mínimo. Por lo tanto, postuló que un aumento nacional en el salario mínimo sería una mala idea, simplemente porque los mercados laborales varían mucho de Estado a Estado y de industria a industria. Creyendo que el salario mínimo es una forma ineficiente para transferir beneficios a los pobres, en su lugar apoya la expansión de la deducción en el impuesto sobre la renta, ciertamente una opción menos atractiva políticamente que un voto a favor del incremento del salario mínimo.

Argumentos a favor del salario mínimo obligatorio

Los que dan razones contra el salario mínimo, basándose en argumentos meramente económicos, cometen el clásico error de ver el trabajo del obrero como otra comodidad económica más. De hecho, es más que un error: es una injusticia, por la cual los patronos son directamente responsables, y el gobierno, indirectamente responsable. La excusa de Caín (¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, Gn. 4:9) parece resonar cada vez que los empresarios se preocupan más por sus propias ganancias que por el bienestar de sus empleados. Nadie tiene el derecho a abandonar su obligación de responsabilizarse por la implementación de la justicia social. Fagothey dijo (p. 367): “El avance hacia la justicia social es una obligación moral grave que descansa directamente sobre los jefes de la sociedad que tienen el poder y la influencia para hacer algo. No sucederá automáticamente, sino que requiere de los esfuerzos cooperativos de todos [cursiva mía] bajo la dirección del más capaz.”

Habiendo establecido ya la necesidad del salario mínimo por motivos éticos, es de notar que también existen motivos económicos.

En Inglaterra, Morris (1995) declaró definitivamente que las cifras gubernamentales de varios países dan prueba de que un salario mínimo establecido por ley no causaría la pérdida de trabajos. “Existe un consenso creciente de que el pago a los pobres es tanto un escándalo moral como un desastre económico” (p. 22). Incluido en este informe se hallan las cifras del cuadro inferior.

En estos países que se manda un sueldo mínimo, aun cuando el aumento de empleos disminuyó o incluso se invirtió, la tasa de desempleo no aumentó de manera significativa. En algunos casos incluso disminuyó, contrariamente a la expectativa normal de quienes dicen que el precio de la mano de obra sube demasiado cuando el gobierno lo impone.

Freeman ve el salario mínimo como una “herramienta redistributiva,” es decir, como un vehículo para transferir la subida del costo del salario mínimo a alguien que no sea pobre, al cual se tiene en mente ayudar. El costo de un aumento en el salario mínimo se pasa ya sea a los consumidores (y se espera que no sea desproporcionadamente a los pobres mismos, sino equitativamente) o a las partes interesadas en el negocio o a los pobres directamente en forma de menos puestos de trabajo. Argumenta que “los efectos de la distribución y la eficiencia del salario mínimo dependen gravemente del sistema de asistencia social, en el cual está profundamente asentado” (p. 645). Por lo tanto, los incrementos en el salario mínimo pueden lograrse sin que ello signifique un desastre para los pobres, siempre y cuando se hagan en conjunción con otras medidas económicas que desarrollen la productividad y las habilidades de los mal pagados.

“Un salario mínimo no es una panacea para la pobreza y los salarios bajos. En general, no aumenta la producción nacional o la tasa de crecimiento de la productividad. Redistribuye el ingreso. Puede mejorar el bienestar de algunos trabajadores mal pagados y limitar la oleada de la creciente inequidad en ingresos que ha sumido a los Estados Unidos y el Reino Unido. Pero, como sucede con otras intervenciones redistributivas, el mínimo acarrea ciertos riesgos de pérdidas por ineficiencia, y puede que no siempre ayude a los que se tiene planeado ayudar... Como parte de un paquete ingeniosamente diseñado de medidas económicas, un mínimo bien establecido tiene el potencial de hacer más bien que mal” [cursiva mía] (p. 647).

En el estado de Washington, se establecieron aumentos al salario mínimo en 1988 por voto popular. En un estudio posterior sobe el estado económico de Washington, después de aumentarse el salario mínimo de $2.30 a $3.85 por hora en enero de 1989, y a $4.25 por hora en enero de 1990, el Northwest Policy Center publicó las siguientes conclusiones generales y hallazgos claves:

Puede verse que en el Estado de Washington hubo más resultados positivos que negativos a partir del incremento al salario mínimo. Los negocios no sufrieron mucho, ni hubo aumentos significativos de desempleo o pobreza. Los que estaban en una desproporcionada desventaja resultaron más beneficiados como resultado del incremento.

Levitan y Belous (1979, p. 157) propusieron un programa de subsidio de salarios, que tuviera como objetivo principal un salario mínimo ajustado a las necesidades individuales del obrero. Se requeriría cierto subsidio por parte del gobierno, obviamente, pero esto quitaría algo del peso al patrono de tener que pagar el salario mínimo. Todos los Estados norteamericanos tienen programas de asistencia social; ¿por qué no integrar estos con una ley de salario mínimo para dar a la mayor gente posible un salario vital?

Estos autores también postularon que el salario mínimo no es ni una bendición pura ni un mal absoluto (p. 65). Afirmaron que mucha de las pruebas aparentemente bien fundadas en ambos lados del debate resultan de las varias escuelas de pensamiento económico, por ejemplo, los economistas neoclásicos creen que un salario mínimo reduce la producción total, los keynesianos creen que el mismo podría aumentar el poder adquisitivo del trabajador, lo cual daría como resultado una mayor demanda total y un aumento del producto nacional bruto (p. 67). En términos generales, sin embargo, ellos apoyan un salario mínimo obligatorio, tal como insinúa el título de su libro More Than Subsistence [Más que subsistencia].

Conclusión

Desde un punto de vista meramente económico, el debate sobre el salario mínimo está muy lejos de ser resuelto. Complace decir, sin embargo, que más y más evidencia económica apoya la necesidad de aumentos moderados en el salario mínimo, si tan solo para mantenerse al tanto con la inflación. Desde el punto de vista filosófico o moral, sin embargo, no existe tal debate. Es muy claro que la justicia social exige que a los trabajadores se les pague un salario vital; y todos los miembros de la sociedad tienen una responsabilidad proporcionada de asegurarse que se implemente.

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